¡Oficial! Aprueban pena máxima de 60 años en prisión para feminicidas en Michoacán
Con la atención parcial a las observaciones hechas por el gobierno del estado y la aprobación en el Pleno del Congreso Local, en Michoacán la pena máxima para responsable de feminicidios será de 60 años.
Y es que el pasado 28 de octubre del 2022 el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reenvió el decreto 203 con diversas observaciones, al advertir que se podrían violentar los derechos de las mujeres.
Al respecto, la diputada del Partido del Trabajo (PT), Brenda Fraga Gutiérrez, celebró el diálogo entre los poderes del Ejecutivo y el Legislativo para llegar a un decreto que funcione sin violar derechos.
Asimismo la legisladora destacó tres preceptos: la pérdida de derechos del sujeto activo sobre la víctima, la imprescriptibilidad e ir en contra de funcionarios públicos que no apliquen la ley o entorpezcan las investigaciones.
Es de mencionar que antes de este jueves la pena contra feminicidas era de 25 años como mínima y 50 como máxima; ahora, atendiendo al artículo 120 del Código Penal de Michoacán, y con la aprobación de este segundo dictamen, la sentencia se eleva 10 años, es decir, 60 como máximo.
El nuevo dictamen fue realizado por las comisiones de Justicia, y de Igualdad Sustantiva.
En este sentido, se suprimió a frase “pierde la vida”, lo que impediría restringir el derecho de una mujer o persona gestante a decidir interrumpir su embarazo, pero se conservan las sanciones adicionales en este precepto.
Con base en lo anterior, el artículo 71 del Código Penal del Estado sobre la punidad de tentativa quedaría de la siguiente manera:
“Si la víctima se encuentra embarazada y se provoca la pérdida del producto de la concepción adicionalmente se impondrá al agresor desde la mitad hasta las dos terceras partes de la pena correspondiente al delito consumado”.
En el nuevo dictamen también se contempla cárcel de 3 a 10 años y de 500 a 1,500 días de multa para todo aquel servidor público que retrase o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia en casos de feminicidio, además de la destitución e inhabilitación de 3 a 10 años en otro cargo.
