Municipios, indispensables en combate a la corrupción
Morelia, Michoacán, 29 de enero de 2020. A casi dos años de su implementación, el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) avanza en el cumplimiento de sus objetivos; pero “no podrá ofrecer los resultados que la sociedad demanda en materia de combate a la corrupción, si los Municipios no cumplen con lo que les corresponde”, advirtió el magistrado Sergio Mecino Morales.
El presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán (TJAM) señaló lo anterior hoy, durante su intervención en la Primera Asamblea Plenaria 2020 de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Municipios, ante quienes planteó:
“La acción de las contralorías municipales es la base para investigar, sustanciar y sancionar las faltas administrativas no graves; sin embargo, para ello es preciso que cuenten con la estructura mínima que marca la ley para funcionar, y esto no ocurre en la mayoría de los casos”.
De acuerdo con el presidente del TJAM, más de la mitad de las contralorías municipales en Michoacán no cuenta con la estructura necesaria; esto es, al menos, que tengan una autoridad substanciadora y otra investigadora.
Esto se traduce en que órganos como el propio Tribunal reciban pocos asuntos para dar trámite adecuado en función de su competencia, que impacten de manera global en la lucha contra la corrupción.
El magistrado refirió que, entre febrero de 2018 y octubre de 2019, un total de 51 contralorías municipales reportaron no hacer iniciado procedimientos de responsabilidades administrativas; que solo 24 de ellas reportaron “algún procedimiento” y que el resto no se pronunció, según datos de la a la Secretaría Ejecutiva del SEA.
Podemos entender, entonces, que ese resto no cuenta con la estructura señalada por la Ley de Responsabilidades Administrativas, y que los municipios tampoco cumplen con las facultades de que les han dotado las Constituciones federal y estatal en dicho rubro.
En la práctica, buena parte de los 113 Ayuntamientos michoacanos han sido omisos en el cumplimiento de tales mandatos, y esto es grave pues, “los mismos contralores o titulares de los órganos de control pueden ser responsables si no actúan luego de tener conocimiento sobre faltas administrativas o actos de corrupción”, indicó.
Por ello es indispensable que los Cabildos y los Ayuntamientos respondan a esta obligación de ley. Finalmente, sin ello es difícil que el combate a la corrupción dé los resultados esperados, expuso.
