Enfrenta Morelia crecimiento desordenado a 476 años de su fundación

Morelia, Michoacán. Morelia cumple 476 años desde su fundación aquel miércoles 18 de mayo de 1541, en el entonces valle de Guayangareo, esto por disposición del Virrey Don Antonio de Mendoza.

De acuerdo a un documento publicado en el portal del Ayuntamiento de Morelia y escrito por la historiadora, Melba Maya Guzmán, del Archivo Histórico Municipal, “la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, fue fundada con el propósito de contar con una ciudad capital donde residieran las autoridades civiles y eclesiásticas e hicieran posible la administración y el orden colonial, la cual denominarían Nueva Ciudad de Mechuacan”.

Sin embargo, en un inicio este objetivo se topó con la férrea oposición del Obispo Vasco de Quiroga y es hasta después de su muerte, que se traslada a la ciudad de Valladolid la sede del Cabildo eclesiástico y la silla episcopal.

En el mismo documento se señala que para 1624, se afirmaba que en Valladolid había sólo 220 casas. Así comenzaba el crecimiento y expansión de Valladolid rodeada de los barrios indígenas de San Pedro, San Miguel, Ichaqueo, Guayangareo, Santa María, Itzícuaro, Santa Catalina, Chicácuaro, El Batán, Santiago, Santa Ana, El Carmen y San Juan de los Mexicanos.

Hoy la realidad que enfrenta la ahora ciudad de Morelia, que recibió ese nombre en 1928 en honor al héroe de la independencia Don José María Morelos y Pavón, es muy diferente ya que de acuerdo al último censo de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con 778 mil habitantes Morelia ocupa en lugar 27 entre las más habitadas del país.

Corrupción e intereses inmobiliarios

Sin embargo, los expertos coinciden en que el crecimiento no sólo no ha sido planeado, sino que en las últimas décadas esta expansión ha obedecido más a los intereses de empresas inmobiliarias las que se han beneficiado a partir de la corrupción, con la especulación y la apropiación de amplias extensiones de terrenos antes reservados como zonas forestales, agrícolas y áreas de recarga de agua.

La investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Patricia Ávila García, explicó, en entrevista para Michoacán TresPuntoCero, que el crecimiento urbano de Morelia puede ser entendido en varias etapas.

La primera  a partir de los años 80  y hasta los 90, periodo en que se da un proceso de urbanización popular en los alrededores de la ciudad con un tipo de vivienda en asentamientos irregulares y en lugares con escasez de servicios públicos, esto ha ocasionado por el encarecimiento del suelo en la zona centro de la ciudad.

“La gente pobre se fue a vivir a las orillas donde el suelo era más barato y donde les era posible vivir, ya que comprar dentro de la mancha urbana resultaba muy caro”.

Con la reforma al artículo 27 realizado en 1991 durante el mandato del entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, se inicia una nueva etapa de crecimiento en Morelia ya que dicha reforma permitió la compra de grandes extensiones de terrenos a los alrededores de la ciudad por parte de empresarios, favoreciendo la especulación con los precios del suelo.

La investigadora apuntó  que los terrenos que  estos empresarios adquirieron en los noventas, eran predios que antes tenían restricciones en el uso de suelo, pues eran áreas forestales y de recarga de agua. Pero con su apropiación, y de la mano del capital inmobiliario, se crearon proyectos para  impulsar el crecimiento de zonas habitacionales en los alrededores de la cuidad “cada vez más lejano del centro y donde  tenían la ventaja de que podían adquirir suelo urbano muy barato”.

En este periodo el crecimiento urbano de Morelia pasa de ser crecimiento  formal, con casas de interés social, esto con el respaldo de la autoridad quien además dio apoyos económicos para impulsar este tipo de urbanización.

“Entonces hay una expansión inmobiliaria en una asociación del capital inmobiliario, especuladores del suelo y las autoridades estatales lo que posibilitó que se comparan baratos terrenos que antes pertenecían a campesinos y se urbanizara en zonas no aptas para esto. En este proceso, se urbanizó Tarímbaro, salida a Quiroga y la Salida a Charo”.

Pero el desarrollo de casas de interés social no fue el único, pues a la par se comenzó el proceso de urbanización en zonas boscosas, que antes servían como fuente de recarga de agua, como es el caso de Altozano y Tres Marías, ambos desarrollos propiedad de dos de las familias más acaudaladas de Morelia, los Medina y los Ramírez.

“Aquí se generó  una vivienda para gente con mayores recursos pero también se asentaron en zonas que otrora eran de reserva ecológica. Toda esta expansión se ha dado con una corrupción muy grande de las autoridades que cambiaron el uso del suelo,  del municipio es el que hace la planeación del desarrollo, esto con la participación del gobierno estatal que es el que  realiza proyectos de infraestructura para elevar el precio de los terrenos adquiridos por las inmobiliarias.

“Esa es la historia del crecimiento urbano en Morelia, un crecimiento hecho a la discrecionalidad del capital inmobiliario y los especuladores del suelo que han expandido la mancha urbana en función de sus intereses económicos sin importar los costos sociales y ambientales”.

Los costos de la corrupción

La académica no dudó en señalar que los costos sociales de esta expansión realizada para beneficio de los bolsillos de los grupos empresariales lo padecen ya todos los morelianos.

En primera instancia, quienes gastaron sus ahorros para invertir en adquirir una casa en zonas como Tarímbaro o Villas del Pedregal donde se tiene una “vivienda que no genera patrimonio porque son de mala calidad construidas en serie y la gente que adquirió un crédito para comprar estas viviendas solamente se endeudó porque las casas son dé muy mala calidad y muchas de ellas construidas en zonas de riesgo. Por ejemplo en Tarímbaro hay una falla, en algunas partes se inunda”.

A lo anterior se suma que los materiales de mala calidad que se utilizaron en su edificación se desgaste y provoque que estas pierdan su valor con los años. En este escenario, apuntó la académica, los empresarios y especuladores se han enriquecido a costa del trabajo de las familias.

Otro costo social, agregó, es que los campesinos que vendieron sus tierras baratas a los especuladores son hoy quienes engrosan las filas de los nuevos pobres de Morelia.
“Entonces ahí hay costos sociales en la zona de Jesús del Monte que era zona forestal y agrícola. Ahí la gente vendió sus tierras con la presión muchas veces del capital inmobiliario”.

El acaparamiento de tierras que ha elevado el precio del suelo ha provocado que cada día sea más difícil para la población adquirir un terreno o una vivienda, lo que ocasiona la expansión de colonias irregulares. Actualmente en la ciudad existen 300 colonias en estas condiciones, esto de acuerdo al secretario de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura, Juan Fernando Sosa.

Un costo no menos importante es que la construcción de viviendas en zonas de reservas ecológicas y áreas naturales protegidas, están ahora presionando para la construcción de vialidades y la expansión de desarrollo inmobiliarios, como es el caso de la loma de Santa María done existe un alto riesgo geológico.

“Este el caso más dramático, pero el riesgo y el costo social para la población es nulificado por el alto rendimiento económico que están obteniendo las empresas”.

A todo lo anterior se suma el costo ambiental por la reducción del bosque de la ciudad, la pérdida de zonas agrícolas de alto valor y la pérdida de capacidad para captar el agua.

“La ciudad va a tener menos agua por todo lo que se está construyendo en la parte alta del Río Chiquito por el grupo inmobiliario de Altozano o en la parte baja por todo el desarrollo en la zona de Tarímbaro o la afectación en la zona de recarga de agua en la salida a Quiroga, donde también se está dando una expansión impresionante de vivienda popular en una zona donde se recargaba el agua y más adelante afloraba como manantiales”.

Todos estos desarrollos han sido acompañados por administraciones municipales como la de Salvador López Orduña o Fausto Vallejo, así como la del independiente, Alfonso Martínez Alcázar, quien durante su administración ha sido un defensor de vialidades como el Ramal Camelinas, pese a que el propio ayuntamiento ha señalado que no cuenta con los estudios de impacto que le corresponde realizar a Protección Civil del municipio.

“Para los alcaldes  esta posición ha sido una gran oportunidad para enriquecerse, por ejemplo  López Orduña y Fausto Vallejo cambiaron los planes de desarrollo urbano para favorecer a grupos económicos y la expansión desordenada. El municipio se ha convertido en el motín de estos grupos empresariales, donde a través  de la negociación política se realizan cambios en la planeación en los ordenamientos territoriales reduciendo todo lo ecológico, sin importar que eso va a generar  afectaciones a la población”.

Urgente regular uso de suelo

La investigadora opinó que ante la gravedad de la situación generada por los desarrolladores inmobiliarios en este momento se debe frenar el crecimiento de la ciudad a través de  regular el uso del suelo, para favorecer las áreas en donde ya se ha iniciado la urbanización. Así mismo, propuso que se debe buscar frenar la expansión horizontal y regular la expansión vertical.

“También se deberían poner sanciones a quienes tienen grandes propiedades de tierra a través de algunos impuestos para no estimular la especulación del suelo, porque  el gran problema en Morelia es la especulación impulsada por la elites que tiene gran capital” añadió.

Finalmente, señaló, “que ante la perversión que existe en Morelia en cuento al uso y manejo de las leyes y los instrumentos de planeación, que son usados para el interés privado” se requiere  una sociedad más vigilante del hacer de la autoridad y los grupos empresariales.